El plumilla

Fernando Mexía, El plumilla.

Internet, vaya con internet. Estamos metidos en el ciberespacio hasta la coronilla, un universo con el que nos vamos atragantando, incluso aunque procuremos estar actualizados. La fascinante herramienta web viene sin libro de instrucciones y su regulación casi brilla por su ausencia. La red es el “far west” del siglo XXI donde una legión de usuarios vamos lanzados hacia la “conquista” de este singular Oeste mayoritariamente americano (estadounidense, quiero decir). Un mundo con muchas oportunidades y pocos “sheriffs” que pone nervioso a Washington, corrijo, muy nervioso.
El pasado miércoles 1 de abril dos senadores, el demócrata John Rockefeller y la republicana Olympia Snowe, presentaron The Cybersecurity Act of 2009, una propuesta de ley que incide en la gran amenaza que supone internet para la seguridad nacional de EE.UU. Entre las medidas que se sugieren destaca la postestad presidencial para apagar o limitar el tráfico en la web en caso de emergencia o el acceso a información privada confidencial a criterio del secretario de estado de Comercio.

Esta iniciativa sería como poner en el despacho oval un botón rojo para conectar o desconectar la web según los intereses estadounidenses sin ni tan siquiera pasar por el Congreso de EE.UU., o exponer nuestras miserias y secretos protegidos con las claves más indescifrables a la curiosidad de un político en función de las estrategias de turno para luchar contra el ciberterrorismo. Todo sin necesidad de pedir permiso a nadie.

El presidente, en el plazo de un año después de la aprobación de esta ley, podrá desarrollar un a estrategia  de ciberseguridad comprensible que  podrá incluir una visión a largo plazo del futuro de la ciberseguridad nacional y un plan que englobe todos los aspectos de seguridad nacional, incluyendo la participación del sector privado, operadores y gestores fundamentales; puede declarar una emergencia de ciberseguridad y ordenar la limitación o apagado del tráfico de internet desde o hasta cualquier infraestructura de información del gobierno Federal o  red o sistema estadounidense; puede designar una agencia para que se responsabilice de coordinar la respuesta y la restauración de cualquier infraestructura fundamental afectada por una declaración de emergencia de ciberseguridad [...]; puede ordenar la desconexión de cualquier infraestructura de información estadounidense o del gobierno Federal en defensa de la seguridad nacional.

Éste es un extracto de la propuesta de ley (sección 18, Autoridad y responsabilidades en ciberseguridad, pág. 43)  que también apuesta por la creación de un asesor presidencial en materia de ciberseguridad. Si bien es entendible que cualquier país, especialmente el más poderoso del mundo, quiera tomar medidas contra posibles ciberamenazas es cuestionable si estas medidas, que afectarían a toda la red ya que la mayor parte de los movimientos en internet nacen o pasan por EE.UU., son de recibo por cualquiera que tenga dos dedos de frente.

Si por algo internet se ha convertido en una revolución es porque permite a cualquiera navegar, emitir contenidos e intercambiar información con un coste muy bajo y un grado de libertad muy elevada. Internet es lo que es por las posibilidades que les da a los usuarios para construir la red, generar aplicaciones, etc. Un cierre provisional de la red, o la posibilidad de que eso ocurra, tendría también un efecto desestabilizador en la economía que cada vez vive más en el mundo virtual.

La propuesta de ley, que parece sacada de la era del miedo promocionada por la Administración Bush, fue justificada por Rockefeller y Snowe como una vía ineviatable para enfrentarse con los delincuentes de la web.

“Debemos proteger nuestras inraestructuras fundamentales a cualquier precio -desde nuestra agua a nuestra electricidad, banca, señalización y los registros de sanidad virtuales- la lista continúa”, dijo el demócrata. “Si fracasamos en actuar con rapidez, nosostros, lamentablemente, nos arriesgamos a un ciber-Katrina”, explicó Snowe.

Evidentemente también hay voces que alertan sobre el excesivo control que daría a la Casa Blanca esta ley en caso de aprobarse, que atentaría directamente contra los derechos fundamentales que se presuponen a un país democrático forjado en la defensa de las libertades civiles.