El plumilla

Juan Palop, sigue su blog asiático aquí

Todo se mueve en una nebulosa gama de grises. Nada es blanco o negro. La celebración de elecciones y sus garantías democráticas no son una excepción. Desde los requisitos para constituir un partido hasta el trazado de las circunscripciones, pasando por el reparto de escaños y la confección del censo, todo puede hacer que el resultado en las instituciones no sea fiel reflejo de la voluntad popular. Algunos países se acercan al blanco, con leyes electorales relativamente ecuánimes y respetuosas con los votantes; otros abusan de su poder rayando el negro y organizan pantomimas electorales que resultan una soez burla para la ciudadanía. Éste es el caso de Myanmar.

El llamado Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, la Junta militar que tiraniza la antigua Birmania desde 1962, acaba de publicar las cinco leyes que regularán las elecciones parlamentarias que se ha visto forzada a organizar este año por la presión internacional. Y el resultado es profundamente decepcionante para los ilusos que pensábamos que algo podría empezar a cambiar en este empobrecido país de 50 millones de habitantes.

La Junta se reserva todos los derechos. Esta vez no les van a pillar desprevenidos como en las últimas elecciones, las de 1990, en las que la Liga Nacional Para la Democracia (LND), la fuerza opositora que encabeza Aung San Suu Kyi, obtuvo el 82 por ciento de los votos a pesar de las trabas. Entonces, de pataleta, los militares se negaron a reconocer los resultados. Ahora una comisión de “leales al Estado” designada a dedo por la Junta decidirá listas y circunscripciones, autorizará partidos y establecerá el calendario electoral, lo que incluye posibles aplazamientos y cancelaciones por motivos de “seguridad”. Además, se reserva la designación del 25 por ciento de los escaños.

Para colmo, Aung San Suu Kyi, icono de la democracia birmana y nobel de la Paz, no podrá presentarse. El engendro legal de la Junta prohíbe las candidaturas de convictos y ella sufre arresto domiciliario desde agosto de 2009, estado en el que ha vivido catorce de los últimos veinte años. Otros 2.200 presos políticos de Myanmar tampoco podrán participar.

No es que sirva de mucho, pero casi todos los actores de la grandilocuente “comunidad internacional” -básicamente, Occidente- han criticado el movimiento. Naciones Unidas aseguró que unas elecciones bajo este marco legal no satisfacen sus “expectativas”. Estados Unidos fue más allá, tachó la normativa de “decepcionante y lamentable”, y amenazó con no reconocer los resultados. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre las que se encuentra Myanmar, no ha dicho nada de manera oficial, haciendo gala de su habitual tibieza, aunque algunos de sus miembros han expresado su malestar. Otra oportunidad perdida.