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Fuera de la cárcel por falta de espacio

Tres jueces federales estadounidenses han ordenado a las autoridades californianas que desalojen a más de 40.000 presos de las cárceles del Estado porque están tan masificadas que se incumplen los derechos constitucionales de los reclusos. La precaria atención sanitaria que, al parecer, reciben los convictos se encuentra detrás de este pronunciamiento judicial en el que se asegura que la superpoblación ha derivado en muertes evitables de algunos residentes y la falta de espacio ha forzado a que los centros penitenciarios conviertan gimnasios en barracones e instalen literas en los pasillos. Una situación que, según comentaron los magistrados, hace que las prisiones sean polvorines en los que es difícil refrenar la violencia entre los presos, así como el contagio de enfermedades.

En total, se estima que California debería poner en la calle al 27 por ciento de sus reclusos para entrar dentro de la legalidad, una opción que barajó el gobernador Schwarzenegger recientemente, aunque movido por las ganas de ahorrar más que por razones humanitarias. Esto se terminó desestimando para evitar la alarma social. Ahora las autoridades tienen 45 días para idear un plan alternativo que convenza a los jueces de que se puede solucionar el problema sin que los presos con delitos menores recuperen su libertad antes de tiempo.

El plumilla.

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El Jemer Rojo no se estudia

En los colegios de Camboya no se enseña qué fue el Jemer Rojo. En las aulas no se explica quién fue Pol Pot, ni cuál fue el despiadado experimento maoísta que perpetró en su Kampuchea democrática. En Camboya no se escribe en las pizarras que de 1975 a 1979 más de 1,5 millones de personas, un quinto de la población del país, fueron asesinadas en purgas políticas o murieron de hambre, agotamiento o enfermedades en deportaciones masivas y campos de trabajo. Apenas nadie conoce el término “autogenocidio”, que se acuñó específicamente para designar su tragedia nacional. Y muchos jóvenes siguen sin saber, a pesar del bombo mediático, que hace unos días comenzó en Phnom Penh el juicio contra Kaing Guek Eav, Duch, el jefe de los torturadores del Jemer Rojo.

jemer-800x600Duch, que antes de empaparse con la sangre de miles de compatriotas era profesor de matemáticas, dirigió la prisión secreta de Tuol Sleng, el centro S-21. El historiador David Chandler describe el lugar de manera escalofriante: “eran unas instalaciones para interrogar y torturar más que una prisión. A pesar de que hubo gente confinada y castigada allí, nunca nadie fue puesto en libertad. El centro era, básicamente, la antesala de la muerte”. A Duch, ahora un envejecido hombre de 66 años con mirada húmeda y canas alborotadas, se le podrían imputar hasta 26.000 muertes.

¿Por qué un juicio así no logra interesar a los que sufrieron en su propia piel la tragedia? La cuestión no es solamente que la mayoría esté dedicada en cuerpo y alma a la supervivencia. No, aunque la pobreza extrema siga siendo una lacra en Camboya. Según observadores internacionales como el periodista español Jordi Calvet, que vive y trabaja en Phnom Penh, el verdadero problema es que para muchos el Jemer Rojo fue algo muy real, desoladoramente tangible, y que este proceso auspiciado por Naciones Unidas no resulta creíble.

La comunidad internacional está sufragando los costes del tribunal (y quiere, en consecuencia, resultados). Y la sombra del gobierno de Camboya es alargada. Negociaron durante años los límites de la fiscalía, el período en estudio, a quién se imputaba,… no vaya a ser que acaben sentando en el banquillo al actual primer ministro, ex jemer, y seguir tirando del hilo, quién sabe si hasta Washington o Beijing. Para colmo, la imparcialidad e integridad de los jueces locales está más que en duda. Y ya se han descubierto casos de corrupción en el tribunal.

Los camboyanos deberían estudiar su pasado y aprender de él para que barbaries como el Jemer Rojo no vuelvan a repetirse. Algo que, por otra parte, podríamos aplicarnos muchos pueblos. Pero dejando a un lado la política.

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